Los países de altos ingresos destinan en torno al 4,3% del presupuesto sanitario a salud mental (en España, aproximadamente un 5%). Sin embargo, España cuenta con alrededor de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el sistema público, situándose entre los países con menor dotación de profesionales en comparación con el entorno europeo y la OCDE.
Cada año se registran cerca de 4.000 muertes por suicidio en España, lo que lo convierte en la principal causa de muerte no natural, por encima de los accidentes de tráfico. A ello se suman otros problemas de salud mental que se han visto agravados en los últimos años por la crisis económica, la pandemia, la dana y el aumento de la precariedad y la incertidumbre.
Este contexto obliga a revisar de manera urgente la prioridad y los recursos que el Estado destina a la salud mental. Resultaría impensable aceptar listas de espera de meses para iniciar un tratamiento oncológico o la falta de atención ante una urgencia quirúrgica por escasez de recursos. Sin embargo, situaciones similares se producen de forma habitual en la atención pública a los problemas de salud mental.
Es imprescindible reforzar la inversión, ampliar plantillas y consolidar dispositivos comunitarios que permitan responder a la demanda actual y prevenir futuras crisis. La salud mental no puede seguir ocupando un lugar secundario: es una cuestión de salud pública, de derechos y de dignidad.